Los riesgos psicosociales en los trabajos existen. Y las empresas o instituciones están obligados por ley a evaluarlos. Cuando esto no se hace y se produce un conflicto laboral que tiene repercusiones en la salud de algún trabajador, las empresas o instituciones pueden ser condenadas si el caso ha llegado a los juzgados. Es justo lo que le ha pasado a Osakidetza, que deberá pagar 144.000 euros a una de sus empleadas, después de haber estado pleiteando frente a la decisión de la Seguridad Social de reconocer una incapacidad permanente absoluta de la empleada por accidente laboral.
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